Cursos sorprendentes

Ayer se comentaba entre las aulas y los despachos de oficinas. La Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, en la que estudio, ha fichado a personajes corruptos para impartir una serie de conferencias en sus cursos de verano, que organizan en Aranjuez. A la cabeza figuraba inicialmente Julián Muñoz, implicado en el caso Malaya, para el curso titulado Periodismo y corrupción y al que no tengo intención de ir. No quiero que un ex presidiario me enseñe a robar a los ciudadanos, como él hizo en Marbella. No lo considero un ejemplo a seguir por nadie que se considere decente.

Tampoco asistiré a las conferencias que impartan el ex presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, que ha sido condenado por un juez por corrupto, ni escucharé las magistrales palabras del empresario José María Ruiz-Mateos, que aparte de jugar con el futuro de las familias de sus trabajadores, tenía por costumbre acosar a ministros y montar el carnaval delante de la prensa.

Menudo ejemplo a seguir. Cuánto tenemos que aprender en esta universidad a la que pagamos para que nos enseñen una educación pública y, se supone, de calidad. Me avergüenza pensar que parte del dinero de mi matrícula, aunque sea un céntimo, vaya a parar al bolsillo de alguno de estos personajes corruptos. Con profesores implicados en el caso Gürtel, como Jesús Calvo, y conferenciantes de esta calaña, a los alumnos nos están dando un ejemplo muy poco instructivo.

Publicado en: El País

Internautas criminales

La Sociedad General de Autores, SGAE, emprendió hace tiempo una batalla contra los programas de intercambio de archivos mediante redes P2P(de punto a punto). De momento, en el primer enfrentamiento clave, los usuarios de este tipo de redes han vencido, puesto que el Parlamento Europeo se ha pronunciado en contra de la restricción del acceso a Internet y del uso de las P2P.

La SGAE, apoyada por la industria discográfica, alega que el intercambio de archivos no es legal, ya que el uso que se hace de los mismos es colectivo, no privado. Intentan evitar que un chaval de Burgos escuche una canción del último disco de Álex Ubago sin que cantante, editor, compañía discográfica y la propia SGAE se lleven dinero. Y todo, porque una adolescente de Sevilla decidió subir al “Emule” el álbum que acababa de comprarse. Porque, además, está el lucro cesante, es decir el dinero que estos colectivos dejan de percibir por el hecho de que el niño burgalés decida invertir su dinero en un paquete de 50 discos virgen en vez del CD original.

En el otro bando están los “criminales”, asociaciones de consumidores y usuarios, que defienden a ultranza el derecho de los internautas a la copia privada de imágenes, audio y vídeo, siempre y cuando no haya ánimo de lucro por parte de quienes realizan el intercambio. “Hacktivistas” o “Compartir es bueno” son algunas de las asociaciones que sostienen que compartir no es delito. Porque en pleno siglo XXI las multinacionales del mundo de la música y el cine no deben luchar contra Internet para imponer un sistema que, se ha visto, no funciona como debería. Deben inventar un nuevo modelo de gestión de la música y el vídeo. Internet debe ser la herramienta, no el enemigo.

España necesita una cadena pública de calidad

Dicen las cadenas privadas de televisión, integradas en la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que la Televisión Española, TVE, ha recortado sus tarifas en un diez por ciento este año. Con estas rebajas, los publicistas se ahorran un 15 por ciento a la hora de insertar sus anuncios en TVE respecto a otras cadenas. Por esta razón, las cadenas privadas que emiten en abierto están que trinan. Y con razón, ya que agrava la crisis generalizada por la que atraviesa el sector de los medios de comunicación en España.

Desde Televisión Española se defienden de las acusaciones y alegan que lo que hacen queda dentro de la legalidad. Lo que obvian es que, aunque dentro de la legalidad, la rebaja en el precio para los spots televisivos en términos económicos se llama competencia empresarial. Una empresa pública no tiene porqué competir con una empresa publicitaria, por eso se acepta que las compañías estatales sean deficitarias. En el caso de TVE, además, entra el juego el problema de la financiación, de lo que le cuesta al Estado mantener la cadena pública.

En Radio Nacional no hay anuncios publicitarios, salvo los propios del ente empresarial. Ahora el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que la televisión va reducir sus espacios publicitarios. El problema es quién se hace cargo del dinero que se deja de ingresar en las arcas del Estado, que en plena crisis, dejaría de recibir una millonada. No habrá un canon como el inglés, pero tampoco se grabarán los presupuestos generales del Estado. Al menos eso ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Los españoles no están dispuestos a pagar un impuesto para sufragar los costes de producción de una televisión. No, al menos, si la calidad de ésta no mejora. TVE tiene que tener algo que le diferencie de las cadenas privadas.